miércoles, 24 de junio de 2015






Ley N° 30313: Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta disposiciones complementarias transitorias y finales del Decreto Legislativo 1049.

El Congreso de la República aprobó la Ley 30313, Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta disposiciones complementarias transitorias y finales del Decreto Legislativo 1049, el 05/02/2015, promulgada el 25/03/2015 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 26/05/2015, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 

El objeto de la presente Ley es establecer las disposiciones para presentar oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite, la cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de los documentos presentados ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Quiénes pueden presentar la oposición? Notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro. Documentos que se presentan para la oposición.- Serán presentados de acuerdo a lo que corresponda:

1. Declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que se ha suplantado al compareciente o a su otorgante o a sus representantes en un instrumento público protocolar o extraprotocolar. 
2. Declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que el instrumento público protocolar o extraprotocolar que aparentemente proviene de su respectivo despacho no ha sido emitido por él.
 3. Oficio del juez, indicando que el parte judicial materia de calificación, que aparentemente proviene de su respectivo despacho, no ha sido expedido por él. 
4. Declaración del funcionario público competente mediante oficio de la entidad administrativa, indicando que el documento presentado para su inscripción no ha sido extendido o emitido por la entidad que representa. 
5. Declaración del árbitro o presidente del tribunal arbitral, indicando que el laudo arbitral materia de calificación no ha sido expedido por él o por el tribunal arbitral. 

Oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite.- Solo puede ser presentada ante los Registros Públicos por notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro que emitió alguno de los documentos mencionados en el párrafo anterior. No existiendo oposición al título inscrito o anotado en la partida registral. 

Tacha del título presentado.- Formulada la oposición al título presentado, de acuerdo a los documentos presentados, las instancias registrales bajo responsabilidad, previa calificación y verificación, proceden a la tacha del título.
Denuncia de la falsificación de documentos.- Aquel que denuncie la falsificación de documentos ante notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, está obligado a poner en conocimiento del registrador o del tribunal registral, la denuncia realizada, para que:  Proceda a realizar la tacha por falsedad documentaria, de ser pertinente.  Oficie al notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro según corresponda, a fin de verificar la existencia de la denuncia. 
Cancelación de asientos registrales.- El autorizado para resolver las solicitudes de cancelación de asientos registrales es el jefe zonal de la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y su decisión es de exclusiva responsabilidad del que lo solicito. Siendo la decisión incuestionable en la sede administrativa. 
Solicitud de cancelación de asiento registral.- Solo puede ser presentada por notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro. 
Efectos de la cancelación.- Al haber sido canceladas las inscripciones y anotaciones preventivas los efectos son los siguientes:  No perjudica al tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2014 del Código Civil.  No perjudica las inscripciones, anotaciones o los títulos pendientes cuya prioridad registral sea anterior al asiento de cancelación.
Decisiones arbitrales.- El título en las decisiones arbitrales debe cumplir la formalidad que disponga la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
Reglamentación.- En un plazo no mayor de 90 días calendario, el Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley.
Modificación.- En la presente Ley se ha procedido a modificar:  Artículos 2013° y 2014° del Código Civil.  Artículos 4° y 55° y las disposiciones complementarias, transitorias y finales quinta y sexta del Decreto Legislativo 1049°, Decreto Legislativo del Notariado. 
Adecuación del Reglamento General de los Registros Públicos.- En un plazo no mayor de 60 días calendario, el Poder Ejecutivo debe adecuar el Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de los Registros Públicos.


jueves, 11 de junio de 2015



Acceso a cargo público es por meritocracia


El Tribunal Constitucional (TC) reconoció el derecho de todos los ciudadanos de acceder a los cargos públicos en situación de igualdad, mediante el respectivo concurso de méritos.
Fue mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC, en que el máximo intérprete de la Constitución establece como precedente vinculante nuevasreglas para los procesos de amparo contra entidades de la administración pública.
Así, en los procesos de amparos contra la administración pública, en que se pretenda la reposición a plazo indeterminado por desnaturalización de un contrato temporal o contrato civil (artículo 4 del TUO del Decreto Legislativo 728), deberá verificarse que se haya realizado un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada antes de ordenar la reposición.
Esta decisión no implica la eliminación de la reposición como forma de reparación contra el despido arbitrario, hizo hincapié el tribunal.

Fundamento
Con la exigencia del concurso público, el TC efectiviza la aplicación de las normas que así lo ordenan, como la Ley N° 28175 y, progresivamente, el artículo 67 de la Ley N° 30057, que se limita a la contratación en el sector público.
Este importante colegiado precisa que el derecho de acceso a la función pública tiene como elemento intrínseco a la meritocracia, y establece que esta constituye un criterio objetivo fundamental para el ingreso, permanencia y desarrollo en la actividad estatal.
El TC determinó, además, que las entidades estatales deben imponer las sanciones que correspondan a los funcionarios responsables de la contratación de personal, cuando estos elaboren contratos temporales que terminen siendo desnaturalizados.
Detalla, igualmente, que cuando un demandante, mediante un proceso de amparo, no logre ser reincorporado a su empleo, al no haber ingresado a través de un concurso público de méritos, el juez deberá reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral para que el despedido solicite la indemnización que corresponda.

Protege interés general
Con esta sentencia, el TC aplica un derecho constitucional que si bien no está recogido expresamente en la Constitución, se deriva de los pactos internacionales, indicó el laboralista Jorge Luis Acevedo Mercado.

Con dicho fallo se protege los intereses generales de quienes deseamos que todos los funcionarios públicos que manejen los intereses del Estado ingresen por concurso público, agregó. El tribunal, además, uniforma la regla para la contratación de trabajadores en el sector público bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728. En ambos casos deberá existir concurso público de méritos para la reposición, refirió.

jueves, 4 de junio de 2015




PJ aplicará norma sobre el embargo

El procedimiento de embargo electrónico de dinero acumulado en cuentas bancarias fijado por el Poder Judicial (PJ) se implementará paulatinamente en diversas especialidades jurisdiccionales de la Corte de Lima y en otros distritos judiciales en un plazo no mayor de un año para la capital de la República y tres años para todo el territorio nacional.
Dicha implementación se efectuará por disposición del presidente del PJ, Víctor Ticona Postigo, de acuerdo con las posibilidades de presupuesto, avance tecnológico y penetración del servicio de internet en el país, detalla la Directiva N° 001-2015-CE-PJ por la cual se establecen las normas para el trámite, diligenciamiento y ejecución de embargos electrónicos en forma de retención sobre cuentas existentes en entidades financieras.
Por lo pronto, el procedimiento regulado por la mencionada directiva será implementado y aplicado como proyecto piloto por los juzgados y salas civiles con subespecialidad comercial de la Corte de Lima.
  La resolución que conceda la citada medida cautelar efectuada por el juzgado pertinente deberá redactarse en el editor del Sistema Integrado Judicial con firma digital individual del juez y del secretario encargado de la causa. Este documento con un archivo de hoja de cálculo deberá enviarse con la cédula de notificación a la casilla electrónica de la entidad financiera respectiva.
Pauta
El informe del banco sobre la retención deberá efectuarse mediante el Sistema de Embargos Electrónicos Bancarios del portal web del PJ.

viernes, 22 de mayo de 2015

Con la Jurisprudencia y Plenos Casatorios, El Derecho Civil se mantiene vivo,


La jurisprudencia se ha constituido desde hace varios años en el principal motor del desarrollo del derecho civil peruano, convirtiéndolo en una rama jurídica de mucha vigencia.
Por ende, conviene ya replantear sus instituciones reguladas normativamente e incorporar legislativamente otras figuras que son de mucha utilidad para preservar la dignidad del ser humano, impulsar las inversiones y mejorar la relación de las personas con los bienes y/o objetos, manifestó el especialista en derecho civil Enrique Varsi Rospigliosi
A su criterio, estos significan los grandes ámbitos a los cuales debe orientarse siempre el derecho civil.

Cambios
A 30 años de vigencia del Código Civil peruano solo cerca del 15% se ha modificado, reglamentado y derogado mediante disposiciones normativas, detalló el especialista.
El grueso de los cambios introducidos al mismo se ha efectuado por intermedio de criterios jurisprudenciales, refirió.
Vale decir, por decisiones de la máxima instancia judicial del país que no aplica o interpreta determinado artículo del citado cuerpo legislativo, por plenos casatorios y por sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
En opinión de Varsi, esto convierte al derecho civil en un “derecho vivo”, sujeto a un constante análisis reflexivo de la judicatura y a un estudio incluso en el ámbito doctrinario.

Planteamientos
En este escenario, considera necesario revisar todo lo concerniente al derecho de los contratos contenido en el mencionado código, teniendo en cuenta que las relaciones contractuales han variado en su esencia y que existen los denominados contratos vinculados, no regulados por normas expresas. Hoy, la regla del derecho de finanzas es mantener contratos amarrados para lograr el financiamiento de grandes operaciones y el derecho civil debe proteger al sistema financiero y a los usuarios, agregó.
En su opinión, resulta importantísimo, además, redefinir el tratamiento de los derechos reales. Así, sugiere regular la propiedad superficiaria, la reserva de aires y la compraventa de cuotas.
Considera necesario, también, permitir la cesión de la superficie y la transmisión parcial de esta última. A su juicio, el derecho civil se encarga de regular la vida doméstica y cotidiana de los sujetos, los que a diario se relacionan entre sí y de modo constante con los objetos.
Jurisprudencia relevante
El TC, por ejemplo, en su sentencia en el Expediente N° 00782-2013-PA/TC interpretó que los jueces deberán rechazar el pago de la indemnización en las demandas de divorcio por causal de separación de hecho si el cónyuge perjudicado nunca denunció algún perjuicio o cuando no haya pruebas en ese sentido. Según este colegiado, tampoco procederá dicho pago si el interesado renunció expresamente a la pretensión o fue declarado en rebeldía. Varsi opinó que con este fallo el TC fija su posición respecto al artículo 345-A del Código Civil bajo un análisis constitucional. Sin embargo, acotó que todo esto ya se había debatido antes en muchos plenos jurisdiccionales de familia. A su criterio, no siempre hay un perjuicio en los casos de separación de hecho.
Tratado
Varsi se encuentra elaborando el primer tomo de su tratado sobre derechos reales que formará parte de su Tratado de Derecho Civil, cuyos cinco primeros volúmenes ya presentó y en los cuales abordó los temas vinculados al derechos de familia y el derecho de las personas.
En el primer tomo de su tratado de derechos reales, Varsi analizará la gran teoría de los bienes y las cosas.
Desarrollará, además, las teorías de los derechos reales y del objeto del derecho, los principios generales que inspiran los derechos reales y las acciones reales.
Fuente: El Peruano